Artículo de investigación
El reconocimiento legal de los territorios indígenas constituye un pilar de la justicia ambiental en Ecuador. Entre 2024 y 2025, el Estado adjudicó 18.408 hectáreas dentro del Bosque Protector Kutukú Shaimi (BPKS) a cinco comunidades Shuar (Pumpuís, Tayuntza Norte, Tunants, Kampan y Tsuntsuim), beneficiando directamente a más de 1.000 habitantes, de los cuales cerca del 50 % son mujeres. El proceso incluyó la realización de 72 asambleas comunitarias y la elaboración de Planes de Manejo Integral con zonificación y estrategias de conservación. Los resultados muestran avances en seguridad jurídica, acceso a servicios básicos, inclusión de liderazgos femeninos y proyectos de restauración forestal de al menos 100 hectáreas. Desde una perspectiva ambiental, la titulación fortalece la conservación de más de 311.000 ha de bosque megadiverso y contribuye a las metas nacionales de reducción de deforestación. Se concluye que la titularidad indígena constituye una herramienta eficaz para integrar equidad social y conservación ecológica en la Amazonía ecuatoriana.
The legal recognition of indigenous territories constitutes a pillar of environmental justice in Ecuador. Between 2024 and 2025, the State adjudicated 18,408 hectares within the Kutukú Shaimi Protected Forest (KSPF) to five Shuar communities (Pumpúas, Tayuntza Norte, Tunants, Kampan, and Tsuntsuim), directly benefiting more than 1,000 inhabitants, of whom approximately 50% are women. The process included 72 community assemblies and the development of Comprehensive Management Plans with zoning and conservation strategies. Results show advances in legal security, access to basic services, inclusion of female leadership, and forest restoration projects of at least 100 hectares. From an environmental perspective, the titling strengthens the conservation of more than 311,000 ha of megadiverse forest and contributes to national deforestation reduction targets. It is concluded that indigenous land ownership constitutes an effective tool for integrating social equity and ecological conservation in the Ecuadorian Amazon.
Amazonía; biodiversidad; sostenibilidad; agua; saberes
Amazonia; biodiversity; sustainability; water; traditional knowledge
La justicia ambiental se refiere al reparto equitativo de las cargas y beneficios ambientales, así como a la participación justa de todas las comunidades en la toma de decisiones. En la práctica, este concepto abarca dimensiones de distribución, reconocimiento cultural y participación efectiva (Schlosberg, 2024). Cuando hablamos de pueblos indígenas, la justicia ambiental está intrínsecamente ligada al respeto de sus territorios ancestrales y al reconocimiento de sus derechos colectivos sobre la tierra y los recursos naturales. En Ecuador, un país declarado plurinacional en su Constitución de 2008, los pueblos indígenas poseen derechos como mantener la posesión de sus tierras ancestrales y obtener su adjudicación gratuita por parte del Estado, así como ser consultados antes de proyectos extractivos que pudieran afectar sus territorios (Constitución de la República del Ecuador, 2008).
Sin embargo, durante décadas muchas nacionalidades indígenas han enfrentado marginación, falta de títulos legales y la incursión de actividades extractivas sin consulta previa, lo que ha vulnerado sus derechos y el equilibrio ambiental de sus hábitats (Land Rights Now et al., 2021; Mongabay Latam, 2024). Estudios de caso y experiencias locales En este contexto, el pueblo Shuar constituye un caso emblemático. Los Shuar son una de las nacionalidades amazónicas más numerosas de Ecuador, con una población aproximada de 110.000 personas (GAD Morona Santiago, 2024). Históricamente conocidos por su fuerte relación con la selva –a la que consideran sagrada y vital para su cultura–, han defendido férreamente su territorio de invasores desde la época precolonial.
Su cosmovisión concibe el territorio como un espacio de vida que integra al ser humano con la naturaleza y la espiritualidad, donde habitan espíritus del bosque como Arutam, Nunkui y Tsunki, que guían y protegen a la comunidad (Land Rights Now et al., 2021). Para los Shuar, la tierra no es solo un recurso económico, sino la base de su identidad, sustento y autonomía. El Bosque Protector Kutukú Shaimi (BPKS), localizado en la cordillera Kutukú (provincia de Morona Santiago), es el escenario de este análisis.
Este bosque abarca aproximadamente 311.500 hectáreas de selvas tropicales montañosas poco exploradas y es considerado el bosque y vegetación protectora más grande de Ecuador, establecido principalmente para resguardar cuencas hidrográficas y biodiversidad (Granizo, 2014). A pesar de su lejanía y difícil acceso –factor que ha favorecido su excelente estado de conservación–, el área no está deshabitada: allí viven alrededor de 5.493 familias Shuar y unas 1.000 familias colonas mestizas, sumando cerca de 18.000 habitantes. Desde hace años, el Estado involucró a organizaciones Shuar en la administración del BPKS, otorgándoles corresponsabilidad en conservación y manejo sostenible.
Sin embargo, hasta hace poco muchos de estos territorios carecían de títulos de propiedad, lo que generaba inseguridad jurídica e injusticia ambiental: aunque los Shuar cuidaban y dependían de estas tierras, legalmente no eran reconocidos como sus dueños. Figura 1 Paisaje del Bosque Protector Kutukú-Shaimi en Morona Santiago, Ecuador. Estudios de caso y experiencias locales Nota: La cordillera cubierta de neblina es parte del territorio ancestral Shuar protegido. Fuente: WCS Ecuador (2025) Durante la última década, las comunidades Shuar emprendieron una lucha por el reconocimiento legal de sus tierras dentro del BPKS. Ese proceso –que incluyó diálogos con el Estado, elaboración de planes de manejo y persistencia ante la burocracia– alcanzó un hito en 2024–2025, cuando el Estado adjudicó miles de hectáreas a comunidades Shuar.
El momento culminante fue una ceremonia en Macas el 18 de julio de 2025, donde autoridades entregaron títulos colectivos y reconocieron públicamente una “deuda histórica” con este pueblo (MAATE, 2025). En ese evento se adjudicaron más de 9.300 ha a tres centros Shuar (Tunants, Kampan y Tsuntsuim), que se sumaron a las adjudicaciones previas de Pumpuís y Tayuntza Norte en 2024, alcanzando un total de 18.408 ha legalizadas en favor de comunidades Shuar (PNUD, 2025). Este logro representa no solo un avance en derechos territoriales indígenas, sino también un ejemplo de justicia ambiental, al devolver las tierras a sus custodios tradicionales y reforzar su papel en la conservación (Granizo, 2014; PNUD, 2025).
Metodología / Descripción de la experiencia El presente estudio se desarrolló con un enfoque cualitativo y descriptivo, orientado al análisis del proceso de adjudicación territorial a las comunidades Shuar en el Bosque Protector Kutukú Shaimi (BPKS) durante el período 2024–2025. El marco conceptual aplicado se sustentó en la teoría de la justicia ambiental, que integra las dimensiones de distribución, reconocimiento y participación (Schlosberg, 2024), y en la noción de territorio como espacio de vida y espiritualidad en la cosmovisión Shuar (Land Rights Now et al., 2021). Fuentes de información Se llevó a cabo una revisión documental de fuentes primarias y secundarias.
Entre las primeras se incluyeron boletines oficiales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) que registran la adjudicación de tierras (MAATE, 2025), además de la Constitución de la República del Ecuador, que reconoce los derechos colectivos de los pueblos indígenas a la tenencia y consulta previa (Constitución de la Estudios de caso y experiencias locales República del Ecuador, 2008). Como fuentes secundarias se utilizaron informes de organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que documenta los hitos del proceso (PNUD, 2025), y publicaciones técnicas sobre el BPKS que describen su biodiversidad y población (Granizo, 2014). Procedimiento El proceso de adjudicación se caracterizó por un enfoque participativo e intercultural.
Entre 2021 y 2025 se llevaron a cabo 72 asambleas comunitarias en cinco centros Shuar (Pumpuís, Tayuntza Norte, Tunants, Kampan y Tsuntsuim), con el fin de delimitar los territorios, acordar linderos y elaborar los Planes de Manejo Integral (PNUD, 2025). Estas herramientas incluyeron zonificación interna, reglas de uso del suelo y estrategias de conservación, diseñadas colectivamente con asistencia técnica de ProAmazonía/PNUD y funcionarios del MAATE. El procedimiento administrativo contempló la recopilación de información sociohistórica que demostraba la ocupación ancestral Shuar, la cartografía participativa de los territorios y la verificación legal de la inexistencia de títulos superpuestos (MAATE, 2025).
Finalmente, tras un proceso de validación interinstitucional, el Estado expidió acuerdos ministeriales de adjudicación que formalizaron la entrega de 18.408 hectáreas a las comunidades Shuar beneficiarias (PNUD, 2025). Limitaciones La investigación se basó principalmente en fuentes documentales, lo que representa una limitación al no contar con entrevistas de campo a los beneficiarios directos. No obstante, se incorporaron testimonios de líderes Shuar extraídos de informes y notas de prensa (PNUD, 2025), que permiten aproximarse a la percepción comunitaria. Además, por lo reciente del proceso, aún no se dispone de indicadores ambientales específicos post-adjudicación; por ello, se interpretan los resultados considerando la literatura previa que vincula los territorios indígenas titulados con menores tasas de deforestación y mejor conservación (Granizo, 2014).
Estudios de caso y experiencias locales
Entre 2024 y 2025 se adjudicaron 18.408 hectáreas del Bosque Protector Kutukú Shaimi a cinco comunidades Shuar. Las adjudicaciones se realizaron en dos fases: en 2024 a Pumpuís y Tayuntza Norte, y en julio de 2025 a Tunants, Kampan y Tsuntsuim (MAATE, 2025; PNUD, 2025). Tabla 1. Adjudicación de hectáreas a comunidades Shuar (2024–2025) Población Comunidad Año Hectáreas adjudicadas estimada beneficiaria Pumpuís 2024 1.753 200 Tayuntza Norte 2024 7.331 300 Tunants 2025 2.636 180 Kampan 2025 3.870 250 Tsuntsuim 2025 2.809 150 Total
18.408 1.080 La mayor adjudicación correspondió a Tayuntza Norte (7.331 ha), lo que representa el 40 % del total entregado. En conjunto, más de 1.000 personas Shuar se beneficiaron directamente con estos títulos (MAATE, 2025; PNUD, 2025). Estudios de caso y experiencias locales Figura 2 Distribución de hectáreas adjudicadas (2024–2025). Se observa que Tayuntza Norte concentra el 40 % de la superficie titulada, seguida de Kampan (21 %), Tsuntsuim (15 %), Tunants (14 %) y Pumpuís (10 %). Esto refleja una distribución desigual, aunque todas las comunidades accedieron a territorios de importancia significativa (PNUD, 2025).
Tabla 2 Asambleas comunitarias por centro Shuar Comunidad Número de asambleas Pumpuís 10 Tayuntza Norte 17 Tunants 16 Kampan 13 Tsuntsuim 16 Total 72 Estudios de caso y experiencias locales La comunidad de Tayuntza Norte lideró el número de asambleas con 17, seguida por Tunants y Tsuntsuim (16 cada una). Esto evidencia un alto grado de participación y consenso comunitario en el proceso de titulación (PNUD, 2025). Figura 3 Número de asambleas comunitarias por comunidad Shuar (2021–2025). La comunidad de Tayuntza Norte lideró con 17 reuniones, seguida por Tunants y Tsuntsuim con 16 cada una, lo que demuestra un alto grado de involucramiento en la planificación territorial (MAATE, 2025; PNUD, 2025). Tabla 3 Beneficios sociales y ambientales de la adjudicación Beneficio Descripción Seguridad jurídica Más de 1.000 habitantes Shuar cuentan con títulos colectivos (PNUD, 2025; MAATE, 2025).
Cerca del 50 % de los beneficiarios son Equidad de género mujeres, con oportunidades de liderazgo y emprendimiento (PNUD, 2025). Estudios de caso y experiencias locales Restauración ambiental Se iniciaron proyectos de 100 ha reforestadas con especies nativas (PNUD, 2025). La titulación fortalece la gestión de un Conservación área de 311.500 ha de bosque megadiverso, con más de 480 especies de aves y 50 de mamíferos (Granizo, 2014). Los beneficios de la adjudicación incluyen avances sociales como la seguridad jurídica y la equidad de género, así como impactos ambientales positivos en restauración y conservación de biodiversidad.
El caso del pueblo Shuar en el Bosque Protector Kutukú Shaimi constituye un ejemplo concreto de cómo la justicia ambiental se materializa cuando se reconocen los derechos territoriales de comunidades indígenas. La adjudicación de 18.408 ha en 2024–2025 representó un acto de redistribución correctiva, pues durante décadas estas tierras estuvieron bajo propiedad estatal como “bosque protector”, negando a los Shuar la plenitud de sus derechos. La entrega de títulos colectivos corrige este desnivel y permite a los Shuar decidir sobre el uso del suelo, compartir beneficios productivos y consolidar su autonomía territorial (MAATE, 2025; PNUD, 2025). En el plano del reconocimiento cultural, la titulación tuvo un fuerte valor simbólico: los territorios fueron reconocidos como “territorios de vida” y no como espacios vacíos.
Declaraciones de líderes Shuar como “Legalizar el territorio es proteger nuestros derechos, nuestra selva y nuestro futuro” muestran que el proceso significó dignidad, seguridad y continuidad cultural (PNUD, 2025). Este reconocimiento contrasta con décadas de invisibilización y constituye un cambio en la narrativa estatal, que pasó de ver a los Shuar como obstáculos al desarrollo a considerarlos aliados en la conservación (Land Rights Now et al., 2021). Estudios de caso y experiencias locales La dimensión participativa también fue destacada: se llevaron a cabo 72 asambleas comunitarias, respetando el principio de consulta previa, libre e informada, donde se definieron linderos, zonificación y planes de manejo integral (PNUD, 2025).
Esta metodología contrasta con experiencias negativas en la Amazonía, como el caso del Pueblo Shuar Arutam en la Cordillera del Cóndor, donde más del 50 % de su territorio fue concesionado a empresas mineras sin consulta, lo que derivó en conflictos y desplazamientos forzados (Land Rights Now et al., 2021; OIT, 2024). En Kutukú Shaimi, en cambio, el diálogo y la participación genuina se tradujeron en empoderamiento comunitario y fortalecimiento organizativo. Al contrastar con la literatura científica, se confirma que la titulación de territorios indígenas es un factor clave en la conservación amazónica. Estudios recientes señalan que los territorios indígenas reconocidos presentan tasas de deforestación más bajas que las áreas sin reconocimiento, además de proteger cerca de 24 GtC de carbono en sus suelos (Hirota et al., 2022; Moutinho et al., 2022).
Asimismo, se ha documentado que la titulación impulsa prácticas sostenibles y proyectos productivos compatibles con la conservación biocultural (Farfán et al., 2022; Cañadas et al., 2023). No obstante, el proceso enfrenta desafíos. En lo financiero, las comunidades requieren recursos estables para mantener la gestión territorial más allá del apoyo de proyectos internacionales (ProAmazonía/REDD+). En lo jurídico, la coexistencia de la figura de “bosque protector” con el territorio indígena demanda flexibilidad normativa. Además, persisten riesgos externos como la minería ilegal y la tala, que exigen vigilancia constante. Estos retos muestran que la titulación es un paso necesario, pero no suficiente para garantizar la justicia ambiental plena (PNUD, 2025; Granizo, 2014) .
En síntesis, la experiencia Shuar en el Kutukú Shaimi confirma lo que la literatura global señala: la combinación de protección legal, participación comunitaria y saberes tradicionales constituye una vía efectiva para reducir la deforestación, conservar la biodiversidad y garantizar justicia social. Este modelo, si bien requiere ajustes y financiamiento a largo plazo, es replicable en otras nacionalidades amazónicas y representa un precedente de gobernanza intercultural en Ecuador. Estudios de caso y experiencias locales
El reconocimiento territorial del pueblo Shuar en el Bosque Protector Kutukú Shaimi representa un avance importante hacia la justicia ambiental en Ecuador. Sin embargo, este logro no debe ocultar las deudas pendientes de los gobiernos, que han sido lentos en garantizar seguridad jurídica, ambiguos en la aplicación de la consulta previa y poco comprometidos con la asignación de recursos para la gestión comunitaria. La entrega de títulos, aunque significativa, ha quedado muchas veces reducida a un acto simbólico sin acompañamiento técnico, financiero ni mecanismos de protección frente a la minería, la tala o el tráfico ilegal de tierras. El desafío central es transformar la adjudicación en un proceso sostenible.
Para ello, los gobiernos deben crear fondos permanentes de financiamiento comunitario, establecer sistemas de control y vigilancia conjunta contra actividades ilegales, y garantizar el fortalecimiento organizativo con énfasis en mujeres y jóvenes. Además, los territorios indígenas titulados deben incorporarse a la planificación nacional de conservación y cambio climático, como ejes estratégicos y no como excepciones puntuales. La lección crítica es clara: la justicia ambiental no se logra únicamente entregando tierras, sino asegurando que esas tierras se conviertan en espacios de verdadera autodeterminación, resiliencia socioambiental y defensa activa frente a la indiferencia estatal y las presiones extractivas.
Los autores agradecen a las comunidades Shuar del Bosque Protector Kutukú Shaimi por su resistencia histórica y participación activa en las asambleas comunitarias que hicieron posible el reconocimiento territorial. Se reconoce igualmente el aporte de las organizaciones indígenas y ambientales que brindaron apoyo técnico y jurídico, así como de proyectos internacionales como ProAmazonía/PNUD en el fortalecimiento de la gestión comunitaria. Este trabajo se inspira en la lucha de los pueblos amazónicos que defienden la selva como espacio de vida, cultura y justicia ambiental. Estudios de caso y experiencias locales Declaraciones Conflicto de intereses: Los autores declaran que no existe ningún conflicto de intereses en la elaboración de este artículo. Financiamiento: El presente trabajo no contó con financiamiento específico de agencias públicas, privadas o de cooperación.
Se elaboró con base en revisión documental y fuentes secundarias. Consentimiento informado: No se aplicaron encuestas, entrevistas ni se recolectaron datos personales directamente de las comunidades; por lo tanto, no fue necesario gestionar consentimiento informado. En caso de incorporar testimonios o datos primarios en futuras versiones, se respetarán los protocolos éticos correspondientes. Uso de inteligencia artificial: Este manuscrito contó con apoyo de herramientas de asistencia en redacción y organización de referencias bibliográficas, bajo supervisión y validación de los autores.
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